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"rbtribuna") Por el final de las absurdas fronteras (políticas, sociales, burocráticas, económicas...) que aún subsisten entre España (singularmente Galicia) y Portugal...y que tanto perjudican a la ciudadanía ibérica

Silencio municipal en Vigo el día después de la sentencia del Supremo por "el caso de la cuñada"

Han pasado ya bastantes horas desde que ayer en Vigo y en los sectores relacionados con el Concello no se hablase de otra cosa que del punto...

Han pasado ya bastantes horas desde que ayer en Vigo y en los sectores relacionados con el Concello no se hablase de otra cosa que del punto y final puesto por el Tribuna Supremo al llamado "caso de la cuñada"; un proceso judicial que acabó por dejar bastantes cosas claras, sobre lo que sucedía en el Ayuntamiento de Vigo y que va a suponer -entre otras cosas- que un alto funcionario acabe en prisión. 
El "caso de la cuñada" ha sido el chau-chau durante años y ahora ha acabado con pronunciamiento del Tribunal Supremo, con el afamado juez Marchena al frente y... con subrayados sonrojantes y preocupantes, sin duda, a poco que uno se pare a leer la sentencia.  
Han pasado ya muchas horas, un día y... que se sepa, salvo error u omisión por nuestra parte, ni el alcalde don Abel, ni la teniente de alcalde doña Carmela (al fin y al cabo es "el caso de su cuñada") han dicho ni pío sobre esta sentencia del Tribunal Supremo.

¿Fue el Ayuntamiento de Vigo una especie de agencia de colocación de familiares y amigos? : en "el caso de la cuñada" y a tenor de lo sentenciado por los tribunales, parece ser que sí...
A Carlos González Príncipe, alcalde que fue de Vigo, socialista, denunciar en su día esta situación del "caso de la cuñada" ante los órganos superiores del PSOE en Madrid, también en otras instancias, le costó que lo expulsasen de su partido. Ahora, con el elocuente punto y final que el Supremo pone al proceso de "la cuñada", los jerarcas del PSOE deberían de pedirle perdón... pero no lo harán; no les interesa tener dentro a un personaje de la valía y personalidad del que fue un buen alcalde para Vigo en su tiempo.

Carlos Príncipe hablaba entonces del "enchufe escandaloso de Vanesa Falque", cuñada de la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra, brazo derecho en el Concello de Vigo del alcalde Caballero, y detallaba incluso cómo le contó Gonzalo Caballero, (por aquellas fechas portavoz de los críticos del PSOE de Vigo y luego Secretario General del PSOE de Galicia), las labores que ocupan a "la cuñada" y circunstancias del asunto.

Ya luego, con "el caso de la cuñada" en los tribunales de Justicia, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra impuso al alto funcionario Orúe una condena de cinco años y tres meses de cárcel por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva, en una concesionaria municipal: Imesapi. La sentencia declaraba probado que el Ayuntamiento de Vigo entregó a dicha empresa más de 108.000 euros (más IVA) "con el objeto de beneficiar económicamente" a "la cuñada", para que Imesapi abonase sus nóminas sin realizar ella los trabajos supuestamente asignados. 

Y ahora, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las condenas al empresario Ramón Comesaña y al alto funcionario del Concello de Vigo, Francisco Gutiérrez Orúe, por la contratación irregular de la cuñada de Carmela Silva, Vanesa Falque, en la concesionaria municipal aludida, de la que recibió 108.000 euros en concepto de salario por lo que en la práctica sería un no hacer nada. Así, los magistrados del Supremo confirman para Orúe los cinco años y tres meses de prisión, y la inhabilitación de 9 años y un día para su cargo municipal por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y determinan aplicar para el representante de la concesionaria, año y seis meses de cárcel e inhabilitación de dos años y seis meses.

El Tribunal Supremo celebró vista por los recursos de los dos condenados recientemente.
La defensa de Gutiérrez Orúe entendía que se le condenaba irregularmente por prevaricación en calidad de cooperador necesario cuando la acusación era de autor material. El TS admite que «el concejal e interventores, supuestamente autores de la prevaricación por la que el recurrente ha sido condenado, no han sido juzgados». Pero este hecho no esconde que el funcionario condenado «era consciente» de la irregularidad en la contratación de Vanesa Falque, para lo que «se fraccionaron los servicios contratados» con la concesionaria Imesapi «en nueve contratos menores a fin de evitar las formalidades y controles legales», provocando «un resultado injusto». La Sala considera que si se sobreseyó la investigación contra el concejal Santos Héctor y los interventores municipales fue por falta de «indicios suficientes de culpabilidad», pero no porque los hechos que se investigaran no fueran constitutivos de delito.

Esta sentencia del Supremo —que ya es firme y contra la que no cabe recurso— señala que la concesionaria Imesapi «cobró del Concello de Vigo un total de 108.147 euros librando facturas por importes inferiores a 18.000 euros para que la contratación pudiera realizarse en la forma de contrato menor y evitar las formalidades y controles», y que estas facturas «reflejaban unos trabajos que no se habían realizado, y que fueron destinados al pago de las nóminas» de la cuñada de Carmela Silva. El Supremo, igualmente, indica que Gutiérrez Orúe «influyó directamente» en que se emplearan fondos municipales en el abono de estas factura «dada la confianza de que gozaba por su experiencia y antigüedad en el Concello». «Nos encontramos ante una pluralidad de acciones ejecutadas de común acuerdo por ambos acusados con idéntico propósito», que no era otro que «beneficiar económicamente a Vanesa Falque a costa de fondos del Ayuntamiento bajo la forma de retribuciones mensuales por unos trabajos que no había realizado».

Francisco Javier Gutiérrez Orúe era jefe de Participación y Atención Ciudadana, dentro de la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Participación Ciudadana del Concello de Vigo, cuando sucedieron los hechos que acabaron siendo enjuiciados, y es ahora ratificado como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil. 
El Supremo ratifica también la condena a Ramón Comesaña Alonso, administrador de la empresa Imesapi, como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, y como cooperador necesario, concurriendo en este acusado las atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de colaboración.

Ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Concello de Vigo, en la suma de 108.147,22, más los intereses procesales del artículo 576 de la LEC, con declaración de responsabilidad civil subsididaria de Imesapi. 

La Sala del Supremo ha relatado los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida, que detalló que Orúe "vino a participar en un plan que tenía para su contratación, de una forma oculta, y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo" a una cuñada de Silva para "beneficiar económicamente" a la misma. En concreto, la Audiencia vio probado que se adjudicaron encuestas a la concesionaria para pagar la nómina de esa trabajadora.
Y así relató que este funcionario ahora condenado "vino a contar con la colaboración" del gerente de Imesapi y "la cobertura que suponía la entidad". Así, señaló que esta empresa "mantenía relaciones habituales con el Ayuntamiento", lo que "iba a permitir que no se pusieran trabas a las reclamaciones económicas que por ésta se podían hacer".
El Supremo viene a decir que "las decisiones adoptadas fueron injustas y arbitrarias" porque mediante ellas "se benefició económicamente" a la cuñada de Silva, "determinando el abono a costa de fondos del Ayuntamiento de una retribución mensual a su favor por unos trabajos que no realizó". Para ello, ha destacado que "se tramitaron nueve expedientes administrativos relativos a los nueve contratos menores que se celebraron con Imesapi".
Item más : el Supremo ha concluido que el funcionario "era consciente de los defectos insubsanables con los que contaban las decisiones a través de las cuales se llevó a efecto la contratación", que se realizó "de forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo". También ha recordado que "se fraccionaron los servicios contratados con Imesapi en nueve contratos menores a fin de evitar las formalidades y controles legales", como antes ya referíamos.

El Supremo ha considerado que "no es apreciable indefensión alguna como consecuencia de la aportación de la documental". Del mismo modo, ha ratificado que los hechos juzgados suponen un "delito continuado" porque, aunque "se trataba de un único plan", éste "se llevó a cabo a través de acciones homogéneas plurales y prolongadas en el tiempo" entre 2008 y 2013 y "en todas ellas infringieron idénticos preceptos penales".
A mayores, ha señalado el Supremo que resulta "indiferente" que fuera Orúe "quien realizara materialmente los documentos falsos" o que lo hiciera el segundo acusado bajo sus indicaciones, "cuando de lo que no cabe duda" es de que el funcionario fue "quien ideó el plan que llevaría al desplazamiento de dinero municipal" a favor de "la cuñada", "aparentando la realización de unos trabajos a través de Imesapi que no fueron realizados por ésta". También ha descartado que el administrador de la entidad "careciera de conciencia sobre la antijuridicidad de su conducta".

"El Español") 36mil

In "Vigo Hoy"

"Faro de Vigo"

"Atlántico Diario"

La Voz de Galicia

In "ABC")

In "ElDiario.es"

Uno de las hojas del fallo del Supremo sobre los recursos de casación que nos ocupan




 

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RB TRIBUNA: Silencio municipal en Vigo el día después de la sentencia del Supremo por "el caso de la cuñada"
Silencio municipal en Vigo el día después de la sentencia del Supremo por "el caso de la cuñada"
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