Xunta y concellos ribereños gallegos hacen frente común para reclamar las competencias sobre el litoral
rbtribuna
Las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y del Mar se reunieron hoy en Ribeira con representantes de municipios del litoral gallego
La Xunta y los ayuntamientos costeros impulsan una frente común para reclamar la gestión efectiva de las competencias del litoral
Ángeles Vázquez reivindica que Galicia “puede y quiere” gestionar las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, como hacen Andalucía y Cataluña, por su proximidad y mayor conocimiento de la realidad litoral y de su patrimonio
Rosa Quintana destaca que la transferencia a la Comunidad de las competencias en materia de litoral facilitaría su gestión y pondría fin a los constantes ataques del Gobierno central contra el complejo mar-industria gallego
Las dos responsables autonómicas avanzan que el Gobierno autonómico empleará “todas las vías en su mano” hasta conseguir completar la transferencia iniciada en 1985
La Xunta y los ayuntamientos costeros impulsan una frente común para reclamar ante el Gobierno central la gestión efectiva de las competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre.
Las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, mantuvieron esta mañana en Ribeira una reunión informativa a la que asistieron medio ciento de representantes municipales de ayuntamientos costeros con el fin de trasladarles su inquietud ante la negativa del Gobierno central a completar el traspaso a Galicia de las competencias sobre esta franja del litoral, en la que están asentadas cerca de 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios.
Acompañadas por los delegados de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, en Ferrol, Martina Aneiros, y en Lugo, Javier Arias, las dos conselleiras recordaron que la Ley de costas estatal señala que, en materia de ordenación del litoral, las Comunidades ejercerán las competencias que tengan atribuidas por sus estatutos de autonomía.
Por esta razón, Ángeles Vázquez reivindicó que Galicia “puede y quiere” gestionar las autorizaciones y concesiones dentro de su dominio público marítimo-terrestre, como ya hacen Andalucía y Cataluña y como, recordó, también aspira a hacer el País Vasco, Comunidad con la que sí está negociando el Gobierno central.
En este sentido, la titular de Medio Ambiente argumentó que se trata de una demanda “legítima” de la Xunta, avalada tanto por el principio de proximidad como porque es la Administración que cuenta con un mayor grado de conocimiento de la realidad litoral gallega y del que representa su patrimonio para la identidad del paisaje costero.
Tras destacar que a Galicia “se le está negando” una gestión del litoral que ya tienen otras comunidades, defendió que es hora de completar la transferencia de las competencias costeras iniciada en 1985, hace casi 40 años. Un traspaso, añadió Ángeles Vázquez, que no requiere de un cambio del Estatuto, sino que se puede abordar a través de un Real Decreto o bien de una Ley orgánica, por lo que anunció que el Gobierno gallego empleará “todas las vías en su mano” para reclamar “lo que es justo para Galicia”.
La conselleira del Mar, por su parte, destacó que la transferencia a Galicia de las competencias en materia de espaldas facilitaría a la Comunidad a gestión de su litoral y pondría fin a los constantes ataques del Gobierno central contra el complejo mar-industria gallego y contra todas las instalaciones asentadas en el litoral. Rosa Quintana recordó que muchas empresas no son viables alejadas de la costa, por lo que reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego en la defensa de sus intereses y para darles seguridad jurídica.
La titular de Mar lamentó que las distintas normativas promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tienen como objetivo sacar todas las edificaciones de la costa sin tener en cuenta su impacto tanto en la economía como en la ciudadanía de las villas costeras. Por eso, la representante de la Xunta reiteró la voluntad de la Administración gallega de recurrir a las instancias que sean necesarias para que la cadena mar-industria tenga certezas sobre su futuro y pueda realizar inversiones.
Plan estratégico nacional para la costa
Por último, la conselleira de Medio Ambiente se refirió a los sucesivos intentos desde el año 2019 por parte del Gobierno central para modificar la Ley de costas e introducir una interpretación más restrictiva sobre la gestión de la ordenación del litoral, una situación que definió como “una auténtica pesadilla” para la Xunta y los ayuntamientos gallegos afectados.
En este sentido, explicó que esta misma tarde el Ministerio presentará la llamada “estrategia de la costa libre”, un plan encargado por el Ejecutivo central a un consorcio y que utilizó como punto de partida los resultados de un cuestionario “de percepción” sobre lo litoral, remitido a las comunidades y la otro tipo de entidades de todo el país, en lugar de basarse en los datos y estudios existentes al respecto.
Así, Vázquez Mejuto indicó que “la inquietud ahora es aún mayor” porque lo que dice el Gobierno central en este plan estratégico es que aspira a tener “una costa libre y sin nada en el dominio público marítimo-terrestre” y para ello, aboga por acometer una “retirada paulatina y controlada” de los seres humanos de la costa.
La Xunta y los ayuntamientos costeros impulsan una frente común para reclamar la gestión efectiva de las competencias del litoral
Ángeles Vázquez reivindica que Galicia “puede y quiere” gestionar las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, como hacen Andalucía y Cataluña, por su proximidad y mayor conocimiento de la realidad litoral y de su patrimonio
Rosa Quintana destaca que la transferencia a la Comunidad de las competencias en materia de litoral facilitaría su gestión y pondría fin a los constantes ataques del Gobierno central contra el complejo mar-industria gallego
Las dos responsables autonómicas avanzan que el Gobierno autonómico empleará “todas las vías en su mano” hasta conseguir completar la transferencia iniciada en 1985
La Xunta y los ayuntamientos costeros impulsan una frente común para reclamar ante el Gobierno central la gestión efectiva de las competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre.
Las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, mantuvieron esta mañana en Ribeira una reunión informativa a la que asistieron medio ciento de representantes municipales de ayuntamientos costeros con el fin de trasladarles su inquietud ante la negativa del Gobierno central a completar el traspaso a Galicia de las competencias sobre esta franja del litoral, en la que están asentadas cerca de 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios.
Acompañadas por los delegados de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, en Ferrol, Martina Aneiros, y en Lugo, Javier Arias, las dos conselleiras recordaron que la Ley de costas estatal señala que, en materia de ordenación del litoral, las Comunidades ejercerán las competencias que tengan atribuidas por sus estatutos de autonomía.
Por esta razón, Ángeles Vázquez reivindicó que Galicia “puede y quiere” gestionar las autorizaciones y concesiones dentro de su dominio público marítimo-terrestre, como ya hacen Andalucía y Cataluña y como, recordó, también aspira a hacer el País Vasco, Comunidad con la que sí está negociando el Gobierno central.
En este sentido, la titular de Medio Ambiente argumentó que se trata de una demanda “legítima” de la Xunta, avalada tanto por el principio de proximidad como porque es la Administración que cuenta con un mayor grado de conocimiento de la realidad litoral gallega y del que representa su patrimonio para la identidad del paisaje costero.
Tras destacar que a Galicia “se le está negando” una gestión del litoral que ya tienen otras comunidades, defendió que es hora de completar la transferencia de las competencias costeras iniciada en 1985, hace casi 40 años. Un traspaso, añadió Ángeles Vázquez, que no requiere de un cambio del Estatuto, sino que se puede abordar a través de un Real Decreto o bien de una Ley orgánica, por lo que anunció que el Gobierno gallego empleará “todas las vías en su mano” para reclamar “lo que es justo para Galicia”.
La conselleira del Mar, por su parte, destacó que la transferencia a Galicia de las competencias en materia de espaldas facilitaría a la Comunidad a gestión de su litoral y pondría fin a los constantes ataques del Gobierno central contra el complejo mar-industria gallego y contra todas las instalaciones asentadas en el litoral. Rosa Quintana recordó que muchas empresas no son viables alejadas de la costa, por lo que reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego en la defensa de sus intereses y para darles seguridad jurídica.
La titular de Mar lamentó que las distintas normativas promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tienen como objetivo sacar todas las edificaciones de la costa sin tener en cuenta su impacto tanto en la economía como en la ciudadanía de las villas costeras. Por eso, la representante de la Xunta reiteró la voluntad de la Administración gallega de recurrir a las instancias que sean necesarias para que la cadena mar-industria tenga certezas sobre su futuro y pueda realizar inversiones.
Plan estratégico nacional para la costa
Por último, la conselleira de Medio Ambiente se refirió a los sucesivos intentos desde el año 2019 por parte del Gobierno central para modificar la Ley de costas e introducir una interpretación más restrictiva sobre la gestión de la ordenación del litoral, una situación que definió como “una auténtica pesadilla” para la Xunta y los ayuntamientos gallegos afectados.
En este sentido, explicó que esta misma tarde el Ministerio presentará la llamada “estrategia de la costa libre”, un plan encargado por el Ejecutivo central a un consorcio y que utilizó como punto de partida los resultados de un cuestionario “de percepción” sobre lo litoral, remitido a las comunidades y la otro tipo de entidades de todo el país, en lugar de basarse en los datos y estudios existentes al respecto.
Así, Vázquez Mejuto indicó que “la inquietud ahora es aún mayor” porque lo que dice el Gobierno central en este plan estratégico es que aspira a tener “una costa libre y sin nada en el dominio público marítimo-terrestre” y para ello, aboga por acometer una “retirada paulatina y controlada” de los seres humanos de la costa.