¿PARLAREM TOTS CATALÀ?

El Congreso examinó ayer por la mañana, con cierto halo de secretismo, la reforma legal que Junts anunció que había pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general… a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas. En concreto, ayer se analizó la ponencia de esa norma, formada por los distintos grupos parlamentarios. La reunión tuvo lugar a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto.

Esto ocurre justo una semana después de que se desconvocara una primera reunión y de que Junts anunciara la medida que provocó la indignación del mundo empresarial y del PP y Vox. Después del anuncio de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy aclaró que esa medida continúa en negociaciones.

Entretanto se pierde el tiempo con estas memeces que parecen salidas de mentes tan “deslumbrantes” como la de Puigdemont, los alcaldes de su formación se le rebelan: quieren un cambio de orientación en la política de Junts. Piden un giro a la derecha o lo que es lo mismo, abandonar la coalición que sostiene en el Congreso al Gobierno.

Así que, cuando la OCDE en sus estimaciones, sube dos puntos -hasta un 2’6- las previsiones de crecimiento económico de España, lo que significa que triplica la evaluación de toda la zona euro, se anuncia rebelión en la granja. Claro que Pedro Sánchez es como un corcho, siempre flota.  

LOS DINEROS DE SUS SEÑORÍAS

Pasmado me quedo con los viajes que les pagan cada año a nuestros señoritos y señoritas, esa gente a la que nosotros mismos, con nuestros votos, hemos sentado en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que arreglen España y no para que protagonicen las vergonzosas escenas que vemos y escuchamos cada vez que intervienen desde la Tribuna. Porque muy pocos se merecen el sueldo que les pagamos a la vista de sus esfuerzos, que oscila entre los 56.000 y los 100.000 euros anuales, dependiendo de las “responsabilidades” que tengan en las cámaras y la circunscripción electoral a la que pertenezcan; eso sin contar las dietas y el gasto en dispositivos digitales gratis para todos.

Pero hablando de viajes, a cada diputado le pagamos al año una media de 12.000 euros para “ir a trabajar” y las arcas del Estado tuvieron que soportar en lo que va de Legislatura un gasto total de 16’8 millones de euros. Además, hay que sumarle una cantidad aproximada de 15 millones para viajes oficiales, de los que un diez por ciento se dedica a desplazamientos para asistir a actos políticos.

Lo peor de todo es que sobra el Senado -todos los politólogos lo consideran un cementerio de elefantes- y al menos un ciento de diputados en el Congreso, es decir, los que se limitan a apretar el botón de los síes o los noes.

XERARDO RODRÍGUEZ